En el pasado mes de Agosto del 2017, el congreso de Colombia propuso penalizar a clientes de trabajadoras sexuales autónomas y libres, las cuales son casi la totalidad en el país. Ante un proyecto de ley con estas características que podrían impactar de manera trascendental a los implicados y a la sociedad, parece importante entender los aspectos psicológicos y sociales que lo involucran en relación a las razones por las que se propuso este proyecto y la manera como esto podría impactar a la sociedad y las personas implicada.

Para ese propósito se ha divido este texto en los siguientes apartes:

  1. ¿Por qué penalizar la demanda del oficio resultaría siendo una manera de violencia de género?
  2. Trabajo sexual autónomo vs trata y explotación sexual.
  3. ¿Qué influencia tendrá penalizar el oficio sobre los implicados?
  4. Cifras de medicina legal de Colombia.
  5. Contradicción entre desestimulación y adquisición de fondos.
  6. ¿Por qué penalizar el trabajo sexual libre no lograra influenciar positivamente?
  7. Ayuda a las trabajadoras sexuales que quieran cambiar de oficio.
  8. Establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual.
  9. Acerca del modelo sueco hacia la prostitución.

¿PORQUE PENALIZAR EL TRABAJO SEXUAL ES VIOLENCIA DE GENERO?

El término “violencia de género” se podría  aplicar de manera acertada en casos de trata o explotación sexual debido a las características mismas que esto implica, pero muy diferente resulta siendo el caso de trabajadoras sexuales libres y autónomas donde el penalizar su oficio resultaría construyendo pilares de violencia y vulnerabilidad.

Entre varias razones podemos destacar las siguientes:

  • Penalizar le demanda de trabajadoras sexuales libres para así presionarlas al desespero económico y con el objetivo de que cambien de oficio en contra de su voluntad, no deja de ser una estrategia de violencia sicológica y a su integridad personal.
  • Penalizar el oficio anula las regulaciones existentes del trabajo sexual autónomo que previenen la clandestinización, y ante este inevitable hecho, se expondrá a las trabajadoras sexuales a una seria de situaciones donde se vería incrementada cualquier tipo de vulnerabilidad y a su integridad personal.
  • Al penalizar su oficio aumentaría la estigmatización y discriminación social, además de la violencia contra trabajadoras sexuales, especialmente de parte de la policía, tal como ha ocurrido en los países donde se ha impuesto este modelo.
  • Se les subestima su habilidad o capacidad de conseguir otros medios de subsistencia, si así lo quisiesen, tal como lo puede hacer cualquier otro ciudadano.
  • Se les victimiza sobre la falsa premisa de que toda la prostitución es trata o explotación, o que las trabajadoras sexuales autónomas en Colombia suelen ser agredidas y violentadas, lo cual no es cierto en la gran mayoría de los casos. El trabajo sexual tiene un cierto nivel de riesgo, pero se debe considerar que este no es el único oficio que lo conlleva. De hecho, hay muchos oficios que son más riesgosos que el trabajo sexual y que genera mayor afectación personal. Ante esta realidad, el accionar lógico no es intentar penalizar aquella profesión u oficio, sino el buscar las estrategias para minimizarlos.
  • Se les infantiliza al imponerse sobre su decisión y libertad. Los derechos humanos sin duda son violados ante la trata y explotación sexual, pero diferente es el caso en el trabajo sexual autónomo donde estos derechos son violados cuando  el estado pretende imponerse sobre la voluntad de quien libremente decide ejercerlo, ya que de otro modo, el cuerpo y la voluntad individual, resultarían siendo propiedad del estado.
  • Resulta siendo una forma de violencia psicológica, el considerar que las trabajadoras sexuales autónomas como víctimas y que son usadas como objetos por sus clientes, a pesar que ellas mismas se oponen enfáticamente a este tipo de denominaciones.  Perjuicios morales en relación al sexo no deben ser suficientes para estos calificativos. En todos los trabajos existentes se requiere el cuerpo para su ejecución, ningún trabajo se realiza desde planos metafísicos. Cuando se entiende  el sentido real del concepto generalizado de propiedad y las características intrínsecas y matices variables del trabajo sexual por decisión propia, entonces resulta careciendo de todo sentido y resulta siendo ofensivo calificarlas de víctimas de apropiación o de ser usadas como objetos.

TRABAJO SEXUAL AUTÓNOMO VS TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

La gran mayoría de la población  en Colombia y gobiernos del mundo, diferencian claramente el trabajo sexual libre de delitos como la trata o explotación sexual, así como fácilmente logran diferenciar el matrimonio institucional consensuado del matrimonio servil. El trabajo sexual libre y autónomo, es la oferta la que consciente y voluntariamente en medio de su plena libertad, desea de la demanda obtener un beneficio económico y por lo tanto hace todo lo necesario para que esto sea posible, pudiendo usar alguna estrategia de seducción o publicidad y así inducir a la tentación. Mientras que la trata y explotación sexual consiste en la coerción de la libertad, es decir traficar y constreñir a otro para realizar un trabajo fuera de su consentimiento, generalmente bajo la amenaza de algún tipo de perjuicio personal. Como podemos entender las diferencias son abismales, pero el obviar estas diferenciaciones o tratarlos como “intrínsecos”, solo logra que el estado sea ineficiente en tomar las medidas adecuadas sobre cada situación, además que deriva en una disminución de la conciencia social acerca de la prostitución autónoma.

Es claro que este proyecto de ley está dirigido única y exclusivamente al trabajo sexual libre y autónomo ya que en Colombia actualmente existen leyes severas para casos de prostitución ajena, trata de seres humanos, y pornografía de menores. También a través del código de policía y en sus artículos se desestimula la clandestinización del oficio y este tipo de actos delictivos, además que promueve una serie de normas de convivencia, sanidad y protección hacia las trabajadoras sexuales. No todo será perfecto en este sentido y habrá asuntos por solucionar, pero sin duda la mayoría de la población y el estado preferirán mantener un oficio que  inexorablemente se va a llevar a cabo, regulado y a la vista y no sumergido en entramados clandestinos. Bajo este panorama, las decisiones individuales sobre un acto consensuado entre adultos ejercido en la libertad, de manera autónoma y  que colindan en la privacidad e intimidad, debería de requerir tolerancia y protección, pero nunca penalización alguna.

CIFRAS DE MEDICINA LEGAL DE COLOMBIA

En la presentación del proyecto ante la opinión pública, se ha intentado justificarlo, mencionado que “según Medicina Legal de Colombia han desaparecido 33.000 trabajadoras sexuales”. Sin embargo, las cifras en la cartilla oficial de Medicina Legal de Colombia “Comportamiento del fenómeno de la desaparición, Colombia, 2013” parecen diferir de las mencionadas. Allí se especifica que en 77 años (1938 – 2013) han desaparecido tan solo 240 trabajadores sexuales. Es un numero ínfimo en proporción al total  de mujeres desaparecida que no tiene ninguna relación con el oficio de la prostitución el cual es de 36.211 (Según informe del director de Medicina Legal, Carlos Valdés),  Llama la atención que muy por encima de la estadística de trabajadores(as) sexuales están un gran número de otros grupos considerados como vulnerables, además se destaca que en esos años han desparecido 88.468 hombres, más del doble que mujeres.

Obviamente cualquier cifra merece la preocupación y atención de las autoridades de control y aparato de justicia, pero sin embargo vale la pena preguntarse ¿De qué manera el imponer penalidades a un oficio que inexorablemente siempre va a existir, podrá ayudar a evitar que mujeres trabajadoras sexuales y las que no tienen ninguna relación con la prostitución, sean acecinadas o desaparecidas?

CONTRADICCION ENTRE DESESTIMULACION Y ADQUISICIÓN DE FONDOS

Basados en  el objetivo del proyecto, en el que supuestamente “se desestimula a los clientes a través de multas para que no paguen por sexo, las cuales se usarían como fondos  para programas que ayudarían a trabajadoras sexuales para que cambien de oficio”. De esto surge una gran contradicción y mensaje confuso hacia la sociedad: “No queremos que nadie pague por sexo pero al mismo tiempo necesitamos que lo haga para obtener recursos, y así poder solventar los ingresos que dejara de recibir la oferta de una demanda que no queremos que exista”.

Resulta que las multas en este proyecto no tienen un valor secundario u ocasional como en otro tipo de multas, sino que son de una necesidad primaria y esencial debido a que el proyecto no plantea alternativas en la manera de obtener recursos. Las multas son tan esenciales para que este proyecto tenga algún sentido, que si en el hipotético caso, todos los clientes dejaran de ser demanda de un día para otro,  entonces resultaría que cientos de miles de trabajadoras sexuales en el país dejarían de recibir sus ingresos de un día para otro y así mismo no habría recursos para ayudarlas, de lo cual fácilmente se podría deducir el problema social que se crearía.

Bajo esa premisa, se concluye que la multa resulta siendo en un tributo estatal y no un supuesto “método pedagógico” o castigo. Pero a diferencia de otros tributos estatales donde se suele buscar que haya el mayor número de contribuyentes, en el caso de este proyecto, se pretende que no haya ningún contribuyente, pero al mismo tiempo se quiere que si los haya, debido a  que resultaría esencial el recurso de las multas para que el proyecto tenga algún sentido.

¿QUÉ INFLUENCIA TENDRÁ PENALIZAR EL OFICIO SOBRE LOS IMPLICADOS?

Las personas que decidan libremente cambiar a otro trabajo lo pueden hacer sin necesidad que les penalicen su oficio, de otro manera resulta siendo una manera de coerción; pero en términos generales, debido a la falta de oportunidades con ingresos equiparables y dignos, en relación al promedio que suelen ganar las trabajadoras sexuales en Colombia, por la libertad que les proporciona, o ya sea por una decisión personal inmutable, las penalidades que se impongan a la demanda, no lograra influenciar en la decisión de trabajadoras  sexuales y por lo tanto el oficio se resistirá a decrecer.

Así mismo, los clientes por más multas que les impongan, seguirán pagando por sexo y la amenaza de multas no les persuadirá su accionar como demanda. No es lo mismo la disuasión sicológica que podría ejercer una multa sobre una infracción de tránsito, la cual razonablemente atenta contra la seguridad o convivencia y es cometida por imprudencia o mala intención, que en el caso del trabajo sexual libre, donde dominan impulsos en relación a la sexualidad y situaciones variablemente complejas de la psicología; además que es algo que ni el cliente ni la mayoría de la población racionalmente percibe ni percibirá como algo que deba castigarse, ya que en la gran mayoría de los casos no genera ninguna afectación racional sobre terceros diferente a prejuicios morales.

Las penalizaciones económicas no disminuyen el deseo sexual ni las razones personales del cliente, tales como sentimientos de soledad u otros. Cualquier posible alteración en la sicología será dominada por el deseo o la necesidad, similar a como sucede en otras interacciones de oferta y demanda. Por lo tanto las penalizaciones no disuadirán, sino más bien inducirán a la búsqueda de estrategias para así seguir haciendo lo mismo y evadir las penalizaciones. Este accionar no se realizara solo, sino bajo el amparo de la oferta, la cual ejercerá protección sobre ellos empujándolos a ambientes y situaciones clandestinas, similar a como ocurre hoy en día en la fracasada guerra contra las drogas, o sin ir tan lejos, como ocurre en los países donde la prostitución es prohibida. Por esas razones, sería perjudicial para la sociedad la creación de una ley, que omita este tipo de realidades humanas y sociológicas cobijándose en fundamentos ideológicos o moralistas.

La demanda es apenas un eslabón en la cadena del comercio, pero no la raíz de fondo para que exista este oficio. La necesidad de obtener recursos económicos sustentables o adicionales, la búsqueda de independencia, entre otros, son las razones de fondo más comunes que lleva a una persona a ejercer la prostitución por cuenta propia. De manera similar es la razón por la que la gran mayoría de la humanidad busca un trabajo o un emprendimiento cualquiera. En el caso del trabajo sexual por cuenta propia, no son los clientes los que las inducen o las obligan a ejercer, ni la oferta es impulsada a tomar esa decisión por la existencia de una posible demanda. Por lo tanto poner el foco en el cliente, tal como pretende este proyecto y el modelo abolicionista, además de inútil y alejarse de la raíz de fondo, resultaría contraproducente.

AYUDA A LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE QUIERAN CAMBIAR DE OFICIO

Primero es importante aclarar que debido a los contextos tan diferentes entre el trabajo sexual autónomo y la trata o explotación sexual, es importante diferencia el abrir espacios de oportunidades laborales y de educación, que la de ser rescatadas o la de ser unas sobrevivientes. Los mecanismos para ayudar a cambiar de oficio a trabajadoras sexuales que libremente lo quieren hacer sin la presión del estado, son en realidad los mismos para una persona que ejerce cualquier otro oficio o profesión. Aunque no tan fáciles en su ejecución si son fáciles de entender. Simplemente se requiere actuar en aspectos estructurales que van desde la creación de mejores oportunidades y facilidades de acceso a la educación y la creación de espacios y beneficios en emprendimiento y empleos con salarios dignos, lo que ayudaría a consolidar una economía favorable y justa a toda la población.

Llama la atención ver el fenómeno reciente de los inmigrantes venezolanos, que sin tener un permiso laboral en Colombia, encuentran un sustento a través del trabajo informal como las ventas ambulantes y así logran una subsistencia razonable. Casi la totalidad de trabajadoras sexuales libres y autónomas no tienen ninguna discapacidad física ni mental y gozan de la misma libertad y medios que cualquier otro ciudadano para buscar otras opciones de sustento económico, y si no lo hacen es por cualquier razón personal o porque presuponen acertadamente que van a tener ingresos muy inferiores en otra labor. No existe evidencia que en Colombia el último recurso o el desespero al límite de la inanición lleve a estas mujeres a la prostitución, es claro que siempre habrá otras opciones. Si una persona definitivamente no soporta un oficio o si este fuera una forma de violencia reiterada, pues si se lo propone,  muy seguramente encontrara otro sustento de vida. Por lo tanto es evidente que en Colombia no es la falta de oportunidades lo que lleva a una persona adulta a decidir ejercer el oficio de la prostitución. Subestimar la capacidad de estas mujeres para buscar otros medios de subsistencia, si así lo deseasen, de una otra manera resultaría siendo una forma de violencia de género.

¿POR QUÉ PENALIZAR EL TRABAJO SEXUAL LIBRE NO LOGRARA INFLUENCIAR POSITIVAMENTE?

Por lo general en la mayoría de situaciones sociales que suelen percibirse como tabú, prima el discernimiento individual que juzga desde su propia perspectiva, es decir, el valor intelectual y  racional en relación a la ética. Una ley punitiva basada en  principios morales o idealismos utópicos y además disociados a la realidad social, subestima el libre pensamiento y el razonar de la sociedad, que resultaría en la nula influencia moral de parte del estado sobre la percepción que se pueda tener del oficio. En otras situaciones donde no hay ningún delito implícito, no suele legislarse en contra de la demanda como estrategia disuasoria sobre la oferta, debido a la manera cómo esto afectaría la libertad y libre desarrollo de la personalidad.

Es por todo esto, que debido a los matices particulares que posee el trabajo sexual libre y autónomo, el penalizarlo se percibirá como un acto de injusticia ante la opresión de la libertad, y como consecuencia se resolverá en acciones de rebeldía, que a la larga, resultara creando los problemas sociales que no existían antes y que el proyecto pareciera querer prevenir.

ESTABLECIMIENTOS DONDE SE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL

El termino proxenetismo resulta siendo ambiguo bajo diferentes definiciones, pero basándonos en la que se menciona el proyecto: “Tipo penal que tipifica la conducta que se ejerce con el ánimo de lucrarse o satisfacer deseos de otro, induciendo al comercio carnal o a la prostitución de otra persona”, la palabra “inducción” entendiéndose según definición de la Corte Constitucional de Colombia como “el acto de persuasión, de instigación y provocación seductora o engañosa dirigida a hacer nacer en la víctima el propósito de prostituirse” esta sería la acción determinante para que el concepto de proxenetismo cumpla su significado, de otro modo, el simple hecho de lucrarse sin inducción ni constreñimiento no debería ser suficiente para esta denominación. Existen muchos negocios ambulantes y relacionados en zonas conjuntas donde laboran las trabajadoras sexuales, que se lucran casi en su totalidad y de manera directa del trabajo sexual y no por ese hecho se les va a calificar como proxenetas.

La mayoría de establecimientos, específicamente en Bogotá, funcionan como intermediarios que obtienen lucro exclusivamente de la venta de bebidas y el alquiler de cuartos, similar como lo hacen los moteles en zonas de tolerancia, donde generalmente las trabajadoras sexuales se quedan con un mínimo del 70% de la transacción. Efectivamente estos establecimientos se lucran indirectamente y de justa manera de estas transacciones, pero no generan ningún tipo de inducción ni constreñimiento sobre la oferta, los cuales siempre llegan voluntariamente buscando un medio que facilite su oficio. Generalmente son amigas o familiares, también en el oficio, quienes las inducen, o ellas lo deciden por cuenta propia.

Ya dentro, ellas tienen libertad de ir a no al establecimiento los días que ellas quieran y de cambiar de establecimiento, sin esperar ningún coerción de parte de estos. A pesar de la total libertad que gozan las trabajadoras sexuales, algunos establecimientos y por obvias razones, les sugieren acoplarse a los horarios y establecen tarifas, además de comportamientos de protección y convivencia, ya de por si articulados en el código de policía. Por lo tanto, basados en estas situaciones y en las definiciones de términos en relación, la acusación de proxenetismo o explotación sexual se debería de usar con más cuidado y sin generalización.

ACERCA DEL MODELO SUECO HACIA LA PROSTITUCION.

Es importante saber que este modelo solo se ha implementado sin ningún éxito en tan solo 5 países en el mundo y lo hicieron por razones donde la prostitución, economía, aspectos sociales, legales y constitucionales son muy diferentes a los de Colombia. Principalmente fue la trata interna el factor que impulso este experimento social, situación que ha agobiado a estos países hace décadas. A diferencia de Colombia, donde la trata interna con fines sexuales es mucho menor en comparación a las altas cifras de trata externa, que de seguro vería un incremento de implementarse penalizaciones sobre el trabajo sexual libre.

De todos modos este modelo abolicionista, en ningún país ha podida demostrar de manera fiable y honesta algún tipo de beneficio a la sociedad y mucho menos a las trabajadoras sexuales. Incluso algunos de estos gobiernos han sugerido derogar la ley. Otros gobiernos, Amnistía Internacional, ONGs y varias organizaciones de derechos humanos han analizado este modelo pero lo han rechazado, debido básicamente a los perjuicios que han resultado creando a las trabajadoras sexuales en relación a su seguridad, sanidad, entre otros. En Suecia, después de 18 años el único cambio importante es que un porcentaje de la prostitución callejera se ha desplazado a interiores y a métodos fuera del control de las autoridades, es decir, se ha sumergido en una peligrosa clandestinidad.

Ninguna nación en el mundo ha estado si quiera cerca de abolir la prostitución libre, es tan simple como entender, que mientras haya humanidad la prostitución existirá en cualquier modalidad, método o forma. Es por eso que desde el punto de vista sociológico, si se busca tomar decisiones sobre esta situación, se debe afrontar de manera realista y sensata. Perseguir idealismos utópicos y fanáticos, preceptos moralista o egos personales, pero a su paso ir dejando un reguero de problemas, no parece ser el método efectivo ni recomendable de implementar políticas sociales.

 

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